Uno de los males endémicos en la industria de las tecnologías de la información en España es, desde hace muchos años, la piratería. Utilizar programas informáticos sin licencias está al alcance de todos, pero no todos se dan cuenta del peligro al que se enfrentan cuando lo hacen. Los manidos mensajes de que para seguir innovando se necesita dinero y para conseguirlo todos debemos pagar por los programas que usamos, aunque son ciertos, no son la clave. Lo importante es destacar que cualquier usuario que utilice un programa pirata se encontrará con que no obtendrá actualizaciones de seguridad, fundamentales hoy en día debido a los constantes ataques de los hackers contra soluciones de uso frecuente; o peor aún, se llevará a casa troyanos insertados en el código del programa que se descarga y que pueden abrir las puertas de toda su información –cuentas del banco, contraseñas en redes sociales…- a los ciberdelincuentes.
La respuesta básica ante esta situación es la concienciación del usuario, pero también es labor de las Administraciones Públicas y de la industria en general fomentar el uso de las copias legales de cualquier tipo de software. En este sentido, y como motivo fundamental de preocupación, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual ha recomendado mantener a nuestro país en observación para comprobar el grado de respeto a la propiedad intelectual. Incluso han propuesto incluir a nuestro país en la lista negra si no se mejoran las políticas en de protección ante las copias ilegales. Un directorio, conocido como Lista 301, en el que se encuentran China, Rusia, Bolivia o Bulgaria. Este organismo recuerda que el mercado negro de la piratería online sigue creciendo en España incluso con ventas en la calle.
En lo que se refiere a las empresas, la situación, al contrario de lo que cabría esperar, no es mucho más halagüeña. Las empresas se enfrentan no sólo a multas millonarias por no proteger los derechos de propiedad intelectual o de protección de datos, sino a dañar su imagen corporativa, a perder información confidencial y valiosa o incluso a perjudicar a sus clientes. De hecho, un estudio realizado por la consultora IDC sobre el malware que suele aparecer en el software pirata establece en unos 491.000 millones de dólares el gasto que tendrán que soportar las empresas en 2014 para resolver los problemas que les acarreen en sus activos los programas maliciosos insertados en software ilegal. Para la consultora, 127.000 millones de dólares se destinarán a la gestión de problemas de seguridad y otros 364.000 millones de dólares a la gestión de datos privados y brechas de seguridad.
El estudio de IDC también indica que los usuarios y empresas que utilizan software pirata sufren un 33% de posibilidades más de tener que enfrentarse a la presencia de malware en sus sistemas y que hasta el 78% del software descargado de forma ilegal incluye spyware que expone a los usuarios a cookies de seguimiento de la actividad.
Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas en lo que se refiere al malware instalado en software pirata es el de los propios trabajadores que instalan programas sin conocimiento ni permiso del responsable de tecnología, con lo que ponen en riesgo de infección todos los sistemas corporativos.
En definitiva, tanto usuarios como empresas pueden ahorrarse unos euros utilizando software ilegal, pero cuando tomen dicha decisión, deberían calcular los riesgos que ello conlleva, tanto económicos, como legales, de imagen o de negocio.
Maxim Masiutin, CEO de Ritlabs
