En cuanto al texto en sí, hay novedades: por primera vez este código de buena conducta lleva aparejado sanciones a todos aquellos que incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación o no lo contabilicen en facturas.

Además, el Gobierno quiere dar un paso más y ansía sanciones penales. Entre sus planes está asimilar esta responsabilidad de mala gestión al delito de malversación pública, actualmente con una pena de  tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez.