La norma desarrolla la reforma de la constitución pactada por PP y PSOE durante la pasada legislatura pero ahora se pone especial énfasis en las CCAA. Con esta ley, se obliga a todas las administraciones a presentar equilibrio en sus cuentas y se prohibe que incurran en déficit estructural, salvo en situaciones excepcionales.

Por ejemplo, cuando pongan en marcha reformas que tarde o temprano les ayuden a alcanzarlo podrán endeudarse un 0,4% del PIB. También en caso de catástrofes naturales, recesión grave o situaciones de emergencia. Desde hoy se abre la carrera a conseguir ese déficit cero que acaba en 8 años. Una tarea nada fácil teniendo en cuenta el endeudamiento al que están sometidas muchas regiones que en un tiempo récord deberán disminuir su déficit o correrán el peligro de ser intervenidas.

Desde ese momento, Hacienda tomaría la tutela abriendo un depósito en el Banco de España y presentando una serie de medidas y propuestas que serán de obligado cumplimiento para la comunidad infractora. La norma fija además una prioridad de en dónde se debe gastar el dinero. En este sentido, el pago de intereses y capital de la deuda pública es esencial frente a cualquier otro gasto.