El Tribunal de Luxemburgo ha alegado que entre 2001 y 2006, Telefónica debilitó a otras compañías con el cobro excesivo por el alquiler de su estructura de red, dejándoles un margen de beneficios insuficiente para mantener su presencia y crecimiento, y obligándoles a incurrir en pérdidas si estas querían igualar los precios minoristas.

La sentencia rechaza los recursos interpuestos tanto por Telefónica como por el Gobierno español y respalda la decisión del Ejecutivo comunitario de sancionar a la operadora, respondiendo el “abuso de posición dominante” con el que " disponía de margen de maniobra suficiente para determinar su política de precios".

Además, la sentencia rechaza el argumento de “ajuste escrupuloso a las exigencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a la normativa española”, que ha constituido el principal argumento que la compañía presentó para su defensa.