El Gobierno de Argentina ha desafiado a medio mundo y lleva hasta sus últimas consecuencias las amenazas que llevaba lanzando hace meses. Lo hará con la excusa de una Ley de Hidrocarburos y a través de una norma que el Gobierno remitirá al Parlamento bajo el argumento que declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” más de la mitad del capital de la filial de la compañía presidida por Antonio Brufau. El 51% pasará a manos del Estado y el 49% restante a manos de las provincias. Esta decisión provocará que Repsol, que actualmente controla el 57% de YPF se quede con un 33% del capital. 

La nueva norma de Kirchner, siguiendo la estela de las economías más populistas como la de Hugo Chávez, alude a la "recuperación del control de YPF" y a la "expropiación" de la empresa. Alega también que los hidrocarburos son de "interés nacional" pero lo cierto es que el Ejecutivo de Kirchner ha visto en YPF a la gallina de los huevos de oro en tiempos de crisis.

La maniobra llega después de que el Gobierno español llamase a consultas al embajador en el país, después de que defendiese la posición de las empresas españolas en el extranjero y después de que Europa se posicionase a favor de Repsol y sus intereses legítimos en el país.