¿Por qué la inacción de nuestro gobierno?

Se trata de un chiste muy ocurrente que nos hace mucha gracia, si no fuera porque la inacción del gobierno es creador de desempleo masivo.

En un artículo reciente de Raghuram Rajan, catedrático de finanzas de la Universidad de Chicago Booth School of Business y ex-economista del FMI y actualmente asesor de economía del Gobierno de India, “The public and its problems” en Project Syndicate, alerta sobre la falta de acción de los gobiernos europeos en general y destaca que puede ser por tres motivos:

       ·  La incapacidad intelectual de los dirigentes políticos que les impide ver la gravedad de la situación económica.

       ·  Horizontes electorales cortoplacistas de éstos que les impide tomar medidas a largo. 

       ·  Inexistencia de un mandato del ciudadano para resolver los graves problemas económicos.

Descarta las dos primeras en una actitud un tanto alegre, pero lo más llamativo es el tercero de los argumentos, en el que se centra.

Dentro de esta explicación, hay que discernir entre:

       ·  El público (o sea, los votantes) no son conscientes de la gravedad del problema y por tanto, no desean que sus dirigentes emprendan medidas que supongan elevados costes en términos de impuestos. Por eso no presionan a éstos para que tomen esas medidas. 

       ·  Imposibilidad de valorar el coste de la inacción, hasta el punto que sólo el público está convencido de que la acción es imprescindible hasta justo el momento en el que se ve de forma aplastante con el problema.

Salvando las distintas, por supuesto, este brillante economista pone el ejemplo de que las advertencias de Winston Churchill sobre el discurso nazi quedó en “saco roto”, incluso después de la invasión de Checoslovaquia y sólo un año después se vio el verdadero problema con la invasión de Polonia, no actuando sin embargo hasta que invadieron Francia y el Reino Unido se encontraba solo. Recordar que la potencia mundial de la época era Gran Bretaña y no Estados Unidos, que se encontraba en plena depresión de los años 30.

Centrándonos en la tercera y concluyente explicación, los costes del sector financiero son difíciles de abordar, no ya por los expertos en la materia, sino por la clase dirigente y los votantes sobre los que se sustenta. Es mucho más evidente que el público vea los daños en la economía y el empleo cuando la pequeña empresa de la esquina cierra, que cuando la economía pierde capacidad de financiación como consecuencia de que un banco entre en suspensión de pagos. Es más, por culpa de nuestra tradicional “idiosincracia”, una buena parte de los electores españoles se alegrarían de tal circunstancia. Ése es otro tema.

Los políticos sólo recibirán el mandato efectivo de los electores en el terreno financiero cuando se vean claros los costes de la inacción. Y eso es algo realmente complicado, máxime en un país donde el público no suele tener suficientes conocimientos financieros, ni de cómo funciona en realidad la economía. Sólo hay que echar un vistazo a la prensa y a las noticias de la televisión para ver en qué entretienen los medios al público y qué argumentos ofrecen para defender tal o cual postura. La comparación con prensa y medios televisivos en otros países, como Alemania, es abrumadora. Cualquiera puede acceder a esos medios a través de internet y hacer la comparativa. Y gratis.

Podemos concluir que una buena parte de la culpa de la acción de los gobiernos europeos y más concretamente el del Sr. Rajoy es de los electores, según todas estas argumentaciones, y es cierto. Pero me temo que a las dos primeras explicaciones, al menos en el caso español, se le ha dado un papel minusvalorado. En nuestro caso, la capacidad intelectual de nuestros líderes políticos, sus conocimientos en materia económica y el cortoplacismo en el que actúan, acentuado por la convocatoria de elecciones de todo tipo casi cada año, sí actúan como elementos que bloquean la toma de decisiones para empezar a ver el final de la crisis.

Para ser justos, y a modo de muestra, nuestro Ministro de Economía está estudiando un cambio normativo que facilite a las empresas acceder a financiación en los mercados al margen del sector bancario, ya que las ayudas públicas a éste, como era de esperar por todos (excepto por el gobierno, por lo visto), no han producido un incremento de la facilidad de crédito, sino que rápidamente se convirtió en una fuente para resolver sus acuciantes problemas de solvencia.

Podríamos argumentar que el público es cada vez más consciente de que este factor sí es relevante en la profundización de nuestra particular crisis económica y por eso el gobierno estima que su acción no va a ser rechazada por los contribuyentes. Es posible.

Manuel Caraballo Callero
Economista