El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra la firma de inversión Portobello Capital y su cúpula directiva por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en la compra de una de las clínicas con las que montó la cadena de odontología y estética Vivanta.

La querella, presentada por Daniel Martín y Tagalo Consulting, está dirigida contra los miembros del consejo de adminitración Carlos Dolz, Ramón Cerdeiras, Juan Luis Ramírez y la firma Portobello Capital.

Los querellantes han argumentado que el tercero de los pagos que Vivanta debía efectuar a Martín, anterior propietario de la clínica, dependía de los resultados y que estos fueron falseados, algo de lo que el demandante se dio cuenta cuando recibió por equivocación un documento que recogía todos los pagos de los pacientes.

Al hacer los cálculos, los resultados ascendían a 492.884 euros frente a los 320.000 euros que había declarado Vivanta, con unas pérdidas de 163.000 euros que, según la cadena, se debían a que «no eran tan buenos vendiendo», según recoge la querella.

Varios meses después, el querellante afirma haber sido coaccionado al haberle dicho que solo se le podrían pagar 65.000 euros de los 142.400 euros que se le debían: 110.000 de ese último pago y 32.400 de los pagos a los doctores.

El pago de los 77.000 euros restantes aún no se ha realizado y Vivanta habría roto su promesa de pagar el resto de lo comprometido el pasado mes de julio.

Varios juzgados penales y mercantiles llevan un tiempo investigando a Portobello por las irregularidades relacionadas con Vivanta, desde que en 2019 los socios minoritarios de la cadena comenzaron a acudir a los juzgados.

Vivanta se creó en 2017 después de que Portobello comprara varias empresas del sector, entre ellas Unidental.