Cuando en el 2007 los analistas más atrevidos cifraron en entre un 40% y un 50% la revalorización del precio de la vivienda, no faltó quien les llamó agoreros, o catastrofistas. Ayer el Índice de Mercados de Locales de Tinsa cifró el ajuste en un 39,5% desde aquel año en que todo empezó a hacerse añicos.
Les recuerdo que en aquellos años del milagro económico español se dijeron muchas barbaridades. Se dijo, por ejemplo, que los precios subían a razón de dos cifras porcentuales cada año porque las viviendas se compraban. Argumento muy propio del libre mercado que habría sido válido si no fuera porque se concitaban dos elementos: una Ley del Suelo de 1999 que confundía las inversiones con la especulación y el libre mercado con el libre trapicheo, y también una sed de beneficio rápìdo que drenó las cuentas de cajas de ahorro que no estaban gobernadas por financieros.
Pero al fin la realidad se impone con sus cifras desprovistas de sentimentalismos. Igual que hubo quien supo que la vivienda bajaría al menos un 40%, también hubo quien supo que los desmanes de los políticos metidos a banqueros locales los acabaríamos pagando entre todos mediante truculentos mecanismos de rescate. Y así ha sido. A fin de cuentas el negocio siempre queda en casa: la clase política, ya saben, la casta, se ha pagado y salvado a sí misma utilizando para ello a sólidas entidades financieras, a las que se malvende ahora los restos del naufragio pagados con el bolsillo de todos.