La acusación popular ‘Hazte Oír’, personada en el ‘caso Koldo’, ha solicitado al juez instructor que cite como investigado al expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo al entender que fue él quien tomó la decisión final en ese organismo público de contratar con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas en pandemia a pesar de las reticencias en el seno de su equipo.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la plataforma, Javier María Pérez Roldán, explica que de las declaración del ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez Manzanares y de las testificales de otras dos empleadas se entiende que a pesar de esas dudas para seguir adelante con la compra, se optó «por seguir las directrices del Ministerio» –dice el escrito– por decisión de Francisco Toledo.

Apunta además que según dijo Sánchez Manzanares, cuando en un momento dado el plan de vuelos no se ejecutó de acuerdo a lo previsto, fue Toledo quien tomó la decisión de continuar con el proceso y de «no resolver el contrato pudiendo haberlo hecho». «Igualmente, fue él mismo quien consideró que era inviable llevar a cabo el transporte con medios públicos, indicando que debía contratarse a Raminatrans SL», añade.

El letrado pone el foco en que el testigo en su declaración incurrió en contradicciones dado que «a pesar de alegar que su función era principalmente política y de firma de documentos (…) admitió que tuvo muchos contactos con el equipo jurídico cuando surgían problemas y que además esos contactos se produjeron durante un tiempo».

De las declaraciones del pasado viernes de Aránzazu de Miguel, cargo de Puertos, destaca que manifestó de manera «clara y fuera de toda duda que el órgano de contratación era el presidente de Puertos del Estado». Y añade que Toledo no aclaró por qué optaron por la oferta de la empresa vinculada a la ‘trama Koldo’ cuando tuvo sobre la mesa otra de Terraplanet del Sur «de cuantía mucho menor».

OTRAS DILIGENCIAS

Por otro lado, ‘Hazte Oír’ solicita que se pida a Puertos el organigrama de 2020 y las funciones y facultades que tenía cada uno de los altos cargos, desde el presidente al secretaría general, pasando por el jefe del Área Jurídica, del Área de Contratación y de la Unidad económico-financiera.

Asimismo, quiere conocer qué otros contratos contaron con pagos anticipados al contratista adjudicatario, además del de Soluciones de Gestión, en el que se abonaron 20 millones de euros por 8 millones de mascarillas por el procedimiento de emergencia.

Y recalca que, según la legislación, la adjudicataria sí debía «tener posibilidades reales (solvencia económica y técnica) para realizar el suministro al que se compromete», algo que contrasta con lo ocurrido con la empresa Soluciones de Gestión, que recibió, recuerda, un abono del 50% del contrato por anticipado.

«Todas las normas sobre contratación pública, tanto las actuales como las de nuestro derecho histórico, desde el siglo XIX, han establecido, como es natural, que el pago de las prestaciones objeto del contrato se efectúen siempre conforme a la prestación ya realizada y recibida, lo que es conocido como regla de servicio hecho», apunta, para subrayar que los pagos a cuenta de una empresa «no pueden tener nunca por finalidad dotar al contratista de financiación para realizar el objeto del contrato».

Por ello, ‘Hazte Oír’ pide que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabe información sobre ese pago anticipado y todo lo relacionado con los vuelos a China –fecha de llegada, aterrizaje, el importe pagado al suministrador chino y cómo se recepcionaron en España las mascarillas, entre otras diligencias–.