El Juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid ha condenado a BBVA por imponer gastos hipotecarios a una veintena de familias tras una demanda acumulada presentada por Asufin, según ha informado la asociación a través de un comunicado.

En concreto, Asufin ha señalado que «ha ganado […] una sentencia acumulada contra BBVA por los gastos hipotecarios para una veintena de familias».

La asociación ha resaltado, particularmente, que este juzgado «había denegado la acumulación» de casos, una situación que «facilita y abarata la defensa de los consumidores», y que la Audiencia Provincial habría avalado.

«A partir de este fallo positivo, todas las acumuladas del BBVA en este juzgado se están tramitando sin más dilación», ha afirmado Asufin.

La presidenta de la asociación, Patricia Suárez, ha calificado de «muy frustrante» la «lentitud de los juzgados» al «crear desánimo entre los consumidores a la hora de reclamar las cantidades económicas a las que tienen derecho, por ley o jurisprudencia en los tribunales». «Celebramos poder acumular en una sola demanda a varias familias para abaratar costes y conseguir acortar los plazos», ha añadido Suárez.

DEVOLUCIÓN DE ALREDEDOR DE 12.000 EUROS

La sentencia de este juzgado ha declarado la «nulidad de pleno derecho del inciso relativo a la imposición al prestatario de gastos derivados de la intervención de notario y registrador, gestoría administrativa y tasación» y «condena a la parte demandada a restituir a cada uno de los actores las cantidades más el interés legal».

Con esta demanda acumulada se recupera un total de 12.611 euros, con algunas familias que recuperan hasta 1.400 y 1.200 euros y otras, alrededor de 600 euros, en función de la hipoteca que cada uno haya suscrito en su momento. Cantidades a las que se sumarán los intereses, según la información aportada por la asociación.

Por último, Asufin ha señalado que esta cláusula abusiva de gastos es «una de las más transversales, dado que la sufrieron la práctica totalidad de los hipotecados», y cifra en hasta ocho millones el número de usuarios españoles que tuvieron que abonar todos los gastos de constitución (registro, notario, gestor y tasación) hasta que la Ley Hipotecaria 5/2019 reguló esta cuestión.