Son 14 las autonomías que podrían recibir la visita de la Troika de Montoro

«Forma parte de las reglas de Europa», con esta frase la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, daba a entender ayer viernes que el Ejecutivo estaría dispuesto a intervenir a las Comunidades Autónomas que han incumplido con el objetivo déficit en caso de que no respeten el techo de gasto del 1,8 por ciento de PIB potencial y continúen desviándose de los límites establecidos en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria.

En respuesta a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría quiso aclarar que, de intervenirse, no es por gusto sino por mandato, «estamos obligados por una recomendación europea. No es una opción». Algo que ya avanzó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la pasada semana, durante la presentación del cierre del déficit de 2015, al afirmar que «España dará cumplida respuesta a las recomendaciones de Bruselas» que pasan por la aplicación hasta sus máximos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Así, de no querer recibir la visita de ‘la troika de Montoro’ las autonomías deberán ajustar su gasto y dar cumplida respuesta a las cartas remitidas el pasado 06 de abril en la que se les exige la «no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención», o lo que es lo mismo, destinar los recursos que reciban de los Fondos de Financiación del Estado (FLA y Facilidad Financiera) a cubrir el exceso de déficit.

La morosidad también cuenta

No es sólo el incumplimiento del techo de gasto lo que están obligadas a cumplir las CCAA. Los periodos medios de pago tienen, si cabe, la misma o más importancia en el procedimiento de estabilidad presupuestaria. De hecho ésta sería la causa que motivó la intervención notificada el pasado 1 de abril a Extremadura y Aragón.

Ambas regiones han recibido, en poco más de un año, tres cartas firmadas por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en las que en principio se les advierte para después notificarles, de facto, la intervención.

En la primera fechada el 5 de marzo de 2015 se comunica que tras evaluar y analizar las medidas relativas a la corrección de los plazos PMP a proveedores se «determinaría, en su caso, la activación de medidas previstas en la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

Hicieron caso omiso, lo que motivó una segunda misiva «de alerta» de fecha 26 de marzo de 2015, y en la que se determina que «la Comunidad Autónoma habrá de destinar, al menos, para el pago a proveedores, de forma adicional a los importes que ordinariamente se vienen destinando a tal fin de acuerdo con su plan de tesorería, las cantidades extraordinarias destinadas para el pago a proveedores con origen en la financiación del déficit de ejercicios anteriores» que en el caso de Aragón ascendía a 395 millones de euros y en el de Extremadura a 22 millones.

Ya con nuevos consejeros en los respectivos gobiernos y tras ningunear a Hacienda, Beteta «con preocupación por el incumplimiento» firma una nueva carta el 11 de septiembre en la que se comunica la aplicación de «medidas automáticas de corrección» y que pasan por obligación de adoptar un «acuerdo de no disponibilidad» en el aumento de gasto que no se financie con cargo al fondo de contingencia, la necesaria autorización del Estado en operaciones de endeudamiento a largo plazo y la actualización del plan de tesorería.

Tampoco funcionó. Así las cosas, el pasado 1 de abril se comunicó el «inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a proveedores», que tiene efecto automático y que se extenderá por un plazo de  seis meses.

Nueve más en la lista

Otra de las comunidades autónomas que está apercibida por tres veces es Valencia. La Comunidad que preside Ximo Puig, habría recibido las dos primeras cartas y, posteriormente, una tercera, con fecha 1 de abril advirtiendo de que de continuarse superando el PMP a proveedores de 30 días se procederá del mismo modo que con Extremadura y Aragón.

Cabe destacar, que otras 8 regiones (Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia) recibieron, con el inicio de mes, las preceptivas epístolas por incumplimiento con los PMP, instándoles  a actualizar su plan de tesorería y, por ende, a adoptar medidas de reducción de gastos que permitan pagar a los proveedores.

A este respecto, llama la atención que ayer mismo, el Consejo de Ministros diera luz verde al endeudamiento a largo plazo y la emisión de deuda pública a Madrid y Castilla León por importe de 2.082,88 y 1.500 millones de euros respectivamente. En el caso de la comunidad que preside Cristina Cifuentes, 320,08 millones irán destinados directamente a cubrir el 50 por ciento del déficit.

Comisión de expertos

Con el objetivo de poner en orden y actualizar el sistema de financiación autonómico -caduco desde 2013-, tal y como adelantó, el ministro Montoro el jueves durante su comparecencia en el Congreso, ayer mismo el Gobierno aprobaba la creación del comité de expertos que analice el futuro modelo. Un comité sine die que, en palabras de Sáenz de Santamaría, estará «en pleno contacto con las CCAA y desde el consenso».