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El nuevo Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria unifica y actualiza las sanciones

García Tejerina afirma que tiene como objetivo disuadir a los defraudadores

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Defensa de la Calidad Alimentaria, que unifica el régimen sancionador en España y actualiza las cantidades de las sanciones, según ha explicado el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  La titular del ministerio Isabel García Tejerina ha explicado que la armonización revisa las cuantías con el objetivo de disuadir y para que “no sea rentable defraudar”.

Este nuevo proyecto actualiza la normativa vigente desde 1983 y se adapta al marco europeo actual que regula los controles en el ámbito de la comercialización de productos y persecución del fraude. Además  incorpora al ámbito de la calidad alimentaria los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

Isabel García Tejerina, ha explicado que esta normativa era necesaria para que fuera una “realidad la unidad de mercado, a través de un marco común para la defensa de la calidad alimentaria, que contribuirá a la mejora de la competitividad del sistema español”.

Tratamiento igual en toda España

Con esta homogeneización, el Gobierno pretende que se salven los obstáculos con los que se encuentran las empresas al recibir un tratamiento distinto según la región en la que desarrollen su actividad, y que los operadores situados en distintos eslabones de la cadena para que todos tengan un tratamiento igual en caso de detectarse irregularidades en su actuación.

También se contempla una actualización de la cuantía de las sanciones, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea que establece que las sanciones deben ser “eficaces, proporcionales y disuasorias”.

En el marco de colaboración con las comunidades autónomas, se procederá a la creación formal de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, que se constituye como un grupo de trabajo que se convertirá en el instrumento básico de cooperación entre las Administraciones públicas competentes y por el que España se anticipará a la regulación europea.