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La Unión Europea aprueba la normativa que recoge el derecho al olvido en Internet

Los eurodiputados comenzarán a discutir el texto aprobado el próximo 24 de junio

Los ministros de Justicia de la Unión han dado luz verde a la nueva norma que refuerza la protección de los datos personales y que recoge por primera vez de forma expresa el derecho al olvido en la legislación comunitaria.

Se trata del primer paso de esta normativa que ahora será sometida a discusión en el pleno de la Eurocamara, cuya primera ‘discusión’ se celebrará el próximo 24 de junio. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que España “está de acuerdo con esta propuesta de reglamento, aunque también hay todavía aspectos mejorables”. “Pero nos parece que el texto alcanzado es un buen compromiso”, ha señalado. A juicio de Catalá, esta reforma “va a aumentar el control de los ciudadanos sobre sus propios datos y reducir también los costes para las empresas”.

La principal novedad de esta normativa es la inclusión del derecho al olvido. Este derecho recoge que cualquier usuario puede pedir a las multinacionales de Internet a que borrren sus datos, como puede ser la información que haya descargado en una red social. Además, si una persona pide a una empresa de Internet como Facebook o Google que borre sus datos, la compañía deberá remitir la petición a otros sitios donde esta información se haya replicado.

Este derecho ya ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia y es ahora cuando se recoge por escrito en la normativa de la Unión. Sin embargo, el derecho al olvido queda limitado por otras consideraciones como son el ejercicio de la libertad de expresión e información.

La ley reconoce también el derecho a la portabilidad de datos, es decir un usuario puede pedir el traslado de todos sus datos personales a otra compañía si así lo desea el usuario.

El nuevo reglamento tendrá una aplicación directa en los Estados miembros y sustituye a las 28 leyes nacionales vigentes, que en muchos casos son divergentes. Además, elimina muchas autorizaciones y notificaciones que en la actualidad se exigen a las empresas que quieren lanzar un nuevo servicio que implique el procesamiento de datos. Bruselas calcula que este ejercicio de simplificación permitirá ahorros de 2.000 millones al año en cargas burocráticas.