José María Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil nº3 de Barcelona y quien llevó la Ley Hipotecaria española ante la Justicia Europea ha explicado que con esta sentencia, el tribunal de justicia europeo lo que dice es que hay que escuchar al consumidor para determinar si existen cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, algo que hasta ahora no se hacía en España: "nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria prohibe taxativamente paralizar los desahucios para discutir el posible contenido abusivo de los contratos", ahora, dice, se establece un nuevo mecanismo de tutela de los consumidores que cuando se alegue una clausula abusiva se puedan paralizar las ejecuciones, medir el carácter abusivo o no de estas cláusulas y en el caso ejecutar.

No obstante reconoce; "es más un instrumento para los jueces que una decisión final". Este magistrado ha reconocido que mientras en los años de bonanza el sistema funcionaba bien, fue a raíz de la crisis cuando se han automatizado muchos procedimientos severos, y que no se ha permitido una tutela equivalente a la eficacia de estos procesos. "Se ejecutaba muy rápido y se protegía muy lento".

Sobre cómo determinar qué cláusulas son abusivas, Fernandez Seijo ha explicado que el ordenamiento jurídico español tiene un catálogo de cais 70 claúsulas de este tipo´y que los tribunales han declarado a priori abusivas cláusulas de interés. A partir de ahí, dice, hay que analizar si existen desequilibrios, capacidad de negociación o si los efectos en el patrimonio de las partes es proporcionado, entre otros factores.

Mayor sensibilidad

En definitiva, cree que la sentencia del Tribunal de Jutsicia es un complemento más de ayuda a los consumidores. Además, reconoce que se está generando un clima de mayor sensibilidad hacia estos temas. "Estamos asistiendo a un cambio en la cultura de la mayoría de los políticos, que en los últimos meses se han mostrado más receptivos a cuestiones como los desahucios o la dación en pago".

Además, ha recordado que desde los años 90, los jueces españoles han elevado preguntas a Luxemburgo sobre la tutela de los consumidores en diferentes ámbitos y que no estamos ante una situación excepcional. "Lo único es que ésta ha tenido más impacto en los medios de comunicación", ha concluido.