-Han conseguido ustedes es poner de acuerdo al pleno del Congreso para evitar que los astilleros tengan que devolver las ayudas públicas de Bruselas. ¿De qué cantidad estamos hablando?
Cerca de 3.000 millones de euros. Me gustaría aclarar que no es dinero europeo, es dinero español. No son ayudas recibidas de Europa sino incentivos fiscales aprobados por el Ministerio de Hacienda por tributos de España. No es un dinero que la gente haya invertido sino que lo que los inversores hacen es aportar bases imponibles positivas durante los años que dura el sistema. Bruselas dice que este sistema no es compatible con los mecanimos de la Unión Europea. La Hacienda española debe reperar esas deducciones pero es un tema muy complicado porque le pondrán un montón de pleitos. Eso sí, los astilleros actuamos en la legalidad.
-Son ayudas conocidas por el Gobierno español pero que en su día Europa aprobó
Ahí parece que está uno de los problemas. Parece ser que el primer gobierno español que aprobó estas ayudas no comunicó debidamente a Bruselas. Es algo que nosotros desconocíamos pero parece que hay un problema burocrático. En cuanto nos dijeron en 2011 que este mecanismo no era compatible, nosotros dejamos de usarlo y empezamos todas las negociaciones. Lo que ahora nos dicen es que tenemos que devolver las ayudas recibidas con el sistema anterior y esto es lo que es una barbaridad. Nosotros actuamos bajo la legalidad española sin saber que era compatible con el sistema de Bruselas. Si no era compatible con el sistema europeo, que sancionen al Gobierno por no hacer las cosas bien pero nunca a los astilleros o a los armadores.
-¿Cómo valoran el papel que juega el Gobierno?
Valoramos muy positivamente el esfuerzo que están haciendo porque llevan un año trabajando codo a codo con nosotros pero ha llegado el momento dé que alguien de un puñetazo encima de la mesa y se plante y diga qué está pasando aquí. Este problema nació de una denuncia de los astilleros holandeses y se nos está escapando de las manos. No se concibe que esto esté provocando la pérdida de 90.000 puestos de trabajo y el cierre de 20 astilleros privados.
-¿Qué les parece que Almunia ponga en jaque al sector? ¿Debería dimitir?
Es triste que lo tenga que hacer un español pero nos da igual la nacionalidad ya que es más una cuestión política. Ese no es nuestro problema con tal de que se solucione la situación del sector. No apelamos a él porque sea español sino por sentido común porque creemos que tenemos razón.
-Hay algún precedente parecido como en Francia donde no se tuvieron que devolver las ayudas. ¿Confían en que sirva de ejemplo?
Sí y eso que en Francia estábamos hablando de 25.000 millones y no de 3.000 como es el caso de España. Creemos que no hay que devolver las ayudas porque hay confianza legítima. No pedimos un trato de favor sino que se siga el ejemplo francés.
-¿Cómo le esta afectando este conflicto al sector?
El sector lleva dos años prado, sin contratación. Esto es una barbaridad. Además, se han perdido más de 50 barcos que se han ido casualmente a Holanda y Noruega.
