Parece bastante lógico que tras la reacción de la Comunidad valenciana – que ostenta el segundo puesto en ser la Comunidad más endeudada, desde cualquier punto de vista que se adopte, y el primero en solicitar su “rescate”- se valore cuales pueden ser las próximas que admitan su incapacidad de salir de la situación que ellas mismas han creado. Quizás valga la pena recordar que la Comunidad valenciana, tras beneficiarse de haber sido una de las zonas de España con mayores ingresos públicos derivados del “ladrillo”, al 31 de diciembre del 2011 – hoy las cifras son superiores pero las omito ya que no podría establecer la comparativa que deseo – tiene una deuda superior a los 14.400 millones de euros, lo que supone el 20% sobre su PIB, cerca de 4.100 euros por habitante censado.
El primer puesto, con diferencia, lo ostenta la Generalitat Catalana, con una deuda superior 41.800 millones de euros, que representa cerca del 21% de su PIB, y que supone más de 5.500 euros por habitante. Las Baleares ocuparían el tercer puesto, con más de 4.500 millones de euros, más de 16,3% de su PIB, que equivale a cerca de 4.000 euros por habitante. Y así podríamos seguir una por una, llegando a las menos endeudadas, Madrid y País Vasco, por este orden. (Acceso a grafico de deuda de las CCAA http://josebarta.com/2012/07/23/un-banco-malo-para-las-ccaa/ ). Con una tendencia a un mayor endeudamiento que no se ha llegado a detener en ningún momento. Las Comunidades son conscientes de su incapacidad para sobrevivir incólumes a esta situación, ya que – salvo los bonos “patrióticos”, liderados en su día por la Generalitat de Catalunya, y ya agotados en sí mismos – no logran tener acceso a ningún tipo de financiación, salvo que se la consiga el Estado. Pero como bien ha comentado, hace 24 horas, la Consejera andaluza de Presidencia, Susana Díaz, “la Junta no se va a acoger a un fondo de rescate dirigido a limitar las competencias autonómicas". Y esta va a ser la tónica más general, “sáquenme del problema”, pero déjenme seguir marchando “a mi manera”.
Nunca acabaré de entender el por qué la administración de Justicia, o la Sanidad o la Educación dependen de las CCAA, creando muy serios problemas a los ciudadanos; tales como que precisan conseguir autorizaciones, similares a las que un comunitario de otro país precisaría, si tienen necesidad de que les atienda un especialista de otra Comunidad. Y creando agravios comparativos entre los funcionarios que realizan los mismos trabajos en distintas Comunidades. Si seguimos escuchando a Susana Díaz la oiremos decir: "si la intención verdadera del Gobierno de España es limitar las competencias de las comunidades, lógicamente no compartiremos un fondo como este", porque "creemos que el Gobierno lo que debe hacer es facilitar la liquidez pero respetando las competencias de las comunidades autónomas". Más claro el agua. Esta será la actitud más generalizada.
Pero incluso en aquellas Comunidades que soliciten la ayuda prevista ¿Cómo se articulará la misma?, por la demostrada incapacidad del Gobierno Central en elaborar Planes de Acción que no supongan burdos recortes. Conviene recordar que por el momento – y ya comienza a ser un largo momento – su reforma “educativa” ha consistido en recortar el sueldo a los profesores y hacinar a los alumnos, algo similar ha sucedido con la “reforma sanitaria” – salvo que también ha recortado a algunos laboratorios, no a todos – , con la reforma de la Administración de Justicia, etc. ¿Cómo va a acometer reformas en Comunidades, en las que contará con menos control directo de los órganos de gestión, si no está siendo capaz de acometerlas en los organismos estatales? En cuanto a aquellas Comunidades que no cumplan, la amenaza de intervención puede agotar todo el mandato del Presidente Rajoy. Si se decidieran a acometer la misma, el procedimiento establecido en la Ley de Estabilidad, les llevaría a un horizonte de 8 o 9 meses, …desde el momento en que se decidiera dicha intervención, que los condicionantes políticos harían que se agotasen otros tantos en tensas negociaciones.
Creo que lo que acabará sucediendo será algo parecido a lo del “banco malo” – que la porquería generada por los más golfos se intenta diluir entre la totalidad – por lo que el déficit de las Comunidades más endeudadas terminaremos pagándolo principalmente las menos endeudadas. ¿Cómo se hará esto? A través de los Hispabonos, tan tibiamente rechazados por el actual Gobierno. ¿Cuál sería la alternativa? Desde mi punto de vista, permitir que las Comunidades más endeudadas quiebren. Esto las enfrentaría directamente con las consecuencias de sus actos, aportándolas un importante barniz de “realismo” (a políticos y a votantes), sin apenas incidencia en la “prima de riesgo” estatal, ya que actualmente se valora, por parte de los mercados inversores internacionales, como alto riesgo a la mayoría de nuestras Comunidades Autónomas.
Algo similar está sucediendo con nuestro sector bancario, influye directamente de forma negativa en nuestra “prima de riesgo”, ya que nuestro Gobierno, plagado de “sabios de biblioteca”, ha hecho suyo el riesgo bancario al salir como garante de su deuda. Tras la experiencia financiera soy un escéptico en cuanto a lo que nos costará el saneamiento de las CCAA, y ni siquiera servirá para crear una estructura administrativa más eficiente y más justa, pero ¿qué se le puede pedir a un Gobierno que exige principios de libre mercado a las pequeñas empresas, y permite planteamientos oligopolísticos y autárquicos a las grandes corporaciones y al sector financiero?
