Era el telón de aquiles del gasto público del Estado pero hasta ahora nadie se había atrevido a “meterle mano”. Hasta Ahora. Los ajustes que se introducirán en la reforma sanitaria y que el Gobierno aprobará el viernes pretenden ahorrar 7000 millones de euros a las arcas públicas, sobre todo, a las de las CCAA, principales responsables del archiconocido déficit. Para ello la titular de Sanidad, Ana Mato ha presentado a los consejeros regionales sus propuestas. Unas inicativas que pasan por la implantación de una única tarjeta sanitaria, que ya era hora, el pedido único de medicamentos para todas las CCAA, la promoción de los medicamentos genéricos o lo que era un escándalo y hasta ahora nadie levantaba la voz por ello: el llamado turismo sanitario, que desde ya comenzará a perseguirse. Pero sin duda la medida más llamativa es el copago farmaceútico, por mucho que la ministra se empeñe en desmentir que no hay copago. El copago existe desde el minuto en que pagamos unos impuestos apra disfrutar de una sanidad gratuita y ahora habrá además un copago para financiar en mayor medida el uso de medicamentos. Si, señora Mato, más copago. Con esta iniciativa los jubilados pagarán el 10% de los medicamentos por receta, a diferencia de hasta ahora que eran gratuitos para este colectivo. Eso sí, se establecen cuantías de entre 8 y 18 euros al mes, dependiendo de la renta. Para los españoles en activo, que estén trabajando, el pago por receta se incrementará desde el 40% que pagamos en los medicamentos hasta el 50% para los que cobren de 18.000 a 100.000 y el 60% apra los que ganen más de 100.000 euros al año. Así pues los medicamentos sólo serán gratuitos para los parados que carezcan de prestación por desempleo y para los jubilados de pensión mínima. Realmente el que se ayude a los ciudadanos con menores recursos -parados y pensionistas mínimos- es un paso a la progresividad del sistema español. El problema viene dado por la por esa misma progresividad en el conjunto de los asalariados españoles. Una vez más, no se fijan límites equitativos de lo que pagan las grandes rentas y las rentas medias. Un asalariado con hijos que cobre unos 20.000 euros pagará el 50% del valor de los medicamentos, mientras un directivo con sueldo de 6 millones de euros apoquinará el 60% del medicamento. La cuenta no sale. A no ser, como bien se advierte por este baremo que el Gobierno sea consciente de que ya de por sí, als rentas altas son inquilinos de la sanidad privada y por tanto, el efecto recaudatorio no hubiese sido el mismo. De nuevo se pide a los ciudadanos medios un esfuerzo extra para hacer frente a la sostenibilidad del mejor sistema sanitario, como tantas veces se dice, de toda Europa.