Ya se ha abierto al público la Ley de Transparencia, esa que pretende mejorar la percepción de las administraciones públicas, más cercanas al ciudadano y menos despilfarradoras. Con ella se hace público, por ejemplo, los datos sobre los procedimientos de adjudicación, subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe. Nada mal conocerlo después de lo courrido en ministerios, CCAA y Ayuntamientos con contratos asignados a dedo, subvenciones injustificadas e inlcuso ERES aplicados a personas que nunca trabajaron en empresas para proporcionarse vicios nada éticos y muy poco saludables. También aparecen recogidas las sanciones que contemplan la inhabibiltación de los cargos públicos para las faltas graves, la pérdida del derecho a ser indemnizado con la pensión correspondiente (faltaría más) y la obligación de devolver todo lo defraudado inlcuida una indemnización a Hacienda, eso lo dejo en un “ya veremos”. La Ley todavía no ha sido presentada con sus mejoras, para eso están los 15 días de consulta pública, pero algunas críticas ya está recibiendo. Las principales se centran en el por qué esta Ley no incluye a la Casa Real, que viendo lo sucedido con el duque Urdangarín, de sobra, tampoco estaría. Otro de los reproches viene por el lado del silencio. Según este anteproyecto se aplica el llamado silencio administrativo para algunas cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de delitos. También la administarción puede decir "mutatis" si la divulgación de la información supone un perjuicio para intereses económicos o comerciales, de política monetaria y económica, la propiedad industrial o intelectual y otras cuestiones diversas. Todos estos supuestos justifican el silencio administrativo y no es reprochable que así lo sea puesto que lo que el perjuicio que se pone en juego es probablemente mayor que el beneficio. El problema viene porque siempre el mal gestor, defraudador y sin vergüenza sabe sacar partido a los resquicios de la ley y de nuevo, el ciudadano tiene la certeza de que al final, todo delito de nombre apellidado "público" queda impune.