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Randstad: la economía sumergida ya supone el 18,6% del PIB de España

Randstad

Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha convocado hoy a los medios para presentar el informe Flexibilidad en el Trabajo 2014, en el que muestra un análisis sobre el empleo no declarado y la economía sumergida en las principales potencias mundiales.

Este estudio lo ha elaborado la firma con la colaboración de la Universidad de Sheffield, Regioplan Policy Research y SEO Economic Reseach, y utiliza como fuentes organismos oficiales como Eurostat, la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras instituciones.

Sin títuloEl análisis determina que la economía sumergida y el empleo no declarado suponen más de 190.000 millones de euros de fraude fiscal en España, lo que representa el 18,6% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra que casi duplica las que se registran en Francia o Reino Unido que no llegan al 10%. Estos datos son más alarmantes en países como Bulgaria, donde el porcentaje de la economía sumergida asciende hasta el 31% de su PIB, y en Rumanía o Hungría donde representa el 28%.

En los países centroeuropeos como Luxemburgo, Austria y Países Bajos, estos índices oscilan entre 7,5% y el 9,1%. Teniendo en cuenta estos dos ejes, la media europea se queda en el 18%.

Más allá del viejo continente, los países con más rentas  de la OCDE (Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda) tienen unos índices por debajo del 10%, a excepción de Canadá que lo supera por ocho décimas.

 

La Corrupción fomenta el crecimiento de economía sumergida.

El informe de Randstad pone de manifiesto que varios indicadores, como la corrupción en las administraciones públicas, influyen de manera directa en el volumen de empleo no declarado.

La intervención estatal para luchar contra la economía sumergida pude ser de manera liberal o estructuralista. La primera defiende una menor presión tributaria, la desregulación y la intervención estatal mínima, mientras la estructuralista aboga por mayor regulación estatal del mercado laboral, más protección social y la eficiencia en la intervención del Gobierno.

Se puede acceder al informe completo mediante este enlace.