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Renovación de la Ley de Patentes

 

Foto: GTRES
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El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que revisa el marco legal de la propiedad industrial en España mediante la renovación de la Ley de Patentes para conseguir que estos derechos de explotación sean “fuertes” y “de calidad”.

Así lo anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el objetivo principal de la modificación normativa no es la de fomentar la iniciativa de patentar “al máximo”, sino que las patentes sean “serias y de calidad”.

Para ello, Soria explicó que se pasará de patentes “débiles”, que generan a menudo “burbujas tecnológicas” tras las que se escondían empresas sin “actividad inventiva real”, a patentes “fuertes”, comparables a las de los Sistemas Internacionales y países industrializados. A su vez, supondrá la simplificación los procedimientos y la adaptación al marco internacional de propiedad industrial.

De esta forma, todas las patentes estarán sujetas a un examen previo por el que se tendrá que justificar que el invento que se patenta es nuevo y que incorpora actividad inventiva y tiene aplicación industrial, de lo contrario “no se otorgará” el derecho. El ministro indicó que habrá una reducción de un 50% de la tasa para la obtención de una patente para los emprendedores para contribuir a fomentar la iniciativa emprendedora.

En cuanto a los modelos de utilidad, para invenciones menores, se amplía su ámbito a los productos químicos y se modifica su régimen mediante el requisito de novedad mundial, y se añade la exigencia del informe sobre el estado de la técnica prejudicial.

Mediante la modificación de la normativa también se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, o CCP, título de propiedad industrial que extiende por un plazo máximo de cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmacéutico o fitosanitario. Con esto se pretende compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercialización.

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