“La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”, señala como definición de ‘pobreza energética’ el texto aprobado, que fue presentado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La ministra destacó que el documento expresa por primera vez una definión de ‘pobreza enérgetica’ de manera oficial y utiliza indicadores comúnmente usados en Europa.

La estrategia incluye cuatro ejes de actuación y 19 medidas. Entre ellas, se establecen las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro, y se plantean acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes.

Asimismo, se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2017, un total de 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos, 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida, unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.

Para cada uno de los indicadores, la Estrategia establece un objetivo de reducción mínimo del 25% en 2025 y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50%.

MAPA

La Estrategia establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas con el objeto de lograr las mencionadas metas de reducción.

El primer eje está destinado a mejorar el conocimiento de la pobreza energética a través de un estudio de detalle del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que habiten. Para ello, se analizará permanentemente un panel de hogares vulnerables. La tipología climática de España es muy variada y puede darse el caso de que, en la misma provincia, se concentren diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, en Almería las diferencias climáticas entre municipios pueden llegar a ser el del 100% según su nivel sobre el mar. El estudio también prestará especial atención a la perspectiva de género y a la presencia de menores en la vivienda.

Además, la Estrategia establece la obligación de que el Gobierno de España actualice los indicadores anualmente, publicando los resultados a más tardar el 15 de octubre de cada año.

El texto repasa las dificultades y obstáculos que presenta la actual configuración del bono social eléctrico, que en 2018 se vio complementado con un bono térmico para ayudar a sufragar gastos de calefacción durante el invierno.

Concluye el documento que es preciso elaborar un nuevo bono social y marca los tres elementos que deberán guiar su futura configuración: Universalidad de fuentes de suministro (la ayuda será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina); Automatización (a través de la colaboración entre administraciones, se fijarán criterios para favorecer la concesión directa de la ayuda. El criterio de renta será el principio básico pero se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar, o la zona climática donde se ubique la vivienda), y Gestión coordinada con otras administraciones públicas (en la implementación de los mecanismos prestaciones que se diseñen, todas las administraciones tendrán un papel relevante, que ejercerán de manera coordinada en el ámbito de sus competencias).

CORTE DE SUMINISTRO

La Estrategia prohíbe cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes de no cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia aumenta el plazo otros cuatro meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.