En 2011 España no cumplió con los objetivos de reducción del déficit. Casi dos puntos y medio más de lo comprometido con Bruselas. Una desviación que va a obligar a apretarse todavía más el cinturón. El problema está en que no sabemos hasta qué agujero vamos a poder hacerlo. Más que nada porque ya empiezan a quedar pocos, y porque tampoco nuestros socios comunitarios nos dicen hasta qué punto quieren que adelgazemos.

Este 8,5% -que proviene en su mayor parte de las Comunidades Autónomas- supone tener que ajustar unos 40.000 millones de euros extraordinarios en sólo 1 año. Eso para llegar al 4,4% que le hemos dicho a Bruselas que vamos a conseguir. Desde luego, cualquiera que lo vea factible peca de optimista, máxime en un contexto en el que el principal problema de nuestra economía es la falta de crecimiento.

Seguro que se nos va a pedir más esfuerzo a los ciudadanos. Pero también la Administración debe hacerlo. Ya es hora de que el Estado –Central, Autonómico y Local- empiece a adelgazar en estructuras, personal y salarios. Y no sólo eso: empieza a resultar primordial que de una vez por todas aquellos gestores públicos que hayan incumplido con el déficit, asuman responsabilidades por dejar las arcas públicas con telarañas.