Las elecciones del domingo han confirmado lo esperado por todos, ha cambiado el panorama político español y se avecina un proceso de negociaciones y pactos que se plantean complejos. Como es natural, lo anterior tendrá efectos en la economía a corto plazo mientras se configura el nuevo gobierno y a medio plazo una vez se sepa los apoyos con los que cuenta el ejecutivo.

A corto plazo los movimientos de los mercados financieros serán el termómetro del sentimiento de los inversores, los cuales apuestan en condiciones normales por la estabilidad. En este sentido se premiaría la percepción de un futuro gobierno que garantice que no habría cambios que alteren el inicio de la recuperación económica, ni interrumpa las necesarias relaciones con los organismos multilaterales que han ayudado a España a mantenerse a flote en la peor etapa de la crisis económica.

La incertidumbre asociada al desconocimiento del esquema de pactos que garanticen la gobernabilidad en lo inmediato, podría reflejarse en movimientos adversos de los valores españoles en los mercados internacionales a corto plazo. A medida que se vaya despejando dicha incertidumbre, la volatilidad debería desaparecer y el foco volvería a los fundamentos de la economía española.

No obstante, el actual gobierno ha dejado varios deberes pendientes, los cuales suelen recordar con frecuencia organismos como la Comisión Europea y expertos locales. Gran parte de estos cambios estructurales que se concentran en reformas en el área laboral, fiscal, pensiones, etc… que necesitaran de consensos que se prometen difíciles de conseguir por la propia heterogeneidad del nuevo parlamento.

Dado lo anterior, es crucial la forma que tomen los pactos y coaliciones que sostengan el nuevo gobierno. La revisión de los programas electorales de los cuatro grandes partidos muestra que existen consensos en problemas como la disfuncionalidad del mercado de trabajo, la ineficiencia del sistema fiscal y la sostenibilidad de las pensiones. Pero tanto el diagnóstico como las soluciones propuestas difieren en algunos aspectos.

La percepción de incompatibilidad de propuestas entre posibles socios de gobierno podría incrementar la apreciación de vulnerabilidad macroeconómica a medio plazo y la impresión de inmovilidad en el avance de estos temas, los cuales requieren no solo atención urgente, sino grandes acuerdos sociales para sus implementaciones. Pero precisamente la mayor pluralidad del parlamento y el mayor peso relativos de los «nuevos actores», podrían ayudar a no seguir aplazando la búsqueda de dichos pactos en temas de reformas no solo económicas, sino políticas (reforma electoral) y sociales (educación).

Esta nueva etapa debe interpretarse no solo como un reto político que pudiera tener consecuencias negativas en lo económico, sino como una oportunidad para finalmente a través de la negociación política, encontrar los consensos necesarios para emprender cambios ambiciosos que dinamicen el mercado de trabajo, hagan sostenibles las finanzas públicas sin erosionar la capacidad del estado del bienestar y en definitiva encamine a la economía española a un modelo de crecimiento basado en la mejora de la productividad y la inclusión social.

Kamal Romero

Profesor de Macroeconomía

Universidad Cisneros