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Izquierda Unida, UPyD y Los Verdes: ¿el principio del fin?

  • IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida propone una auditoría ciudadana para conocer qué personas y qué empresas se han beneficiado con dinero público y ejercer un mayor control sobre sus gastos. Esa auditoría se concentraría en las emisiones de deuda pública de las CC.AA. y algunos Ayuntamientos, en el contenido, procedimientos de licitación y pago de los grandes contratos públicos que han generado deudas municipales o autonómicas.

Entre sus medidas también está la creación de una Banca Pública que vele por los intereses de del pueblo en general, y no solo por los de las élites, para facilitar el crédito a las empresas y familias, permitiéndoles desarrollar una economía real y sostenible que cree empleo. Esto se hará a través del mantenimiento de la nacionalización de las entidades intervenidas y su gestión en función de las ayudas públicas aportadas a cada institución y la creación de nuevos bancos públicos.

Que todas las personas tributen en función de su capital. Además, no ofrecerán privilegio fiscal en el IBI o en otros impuestos, tasas o servicios públicos para la Iglesia y otras organizaciones religiosas.

El fraude fiscal se perseguirá a través de las Haciendas locales y autonómicas. Por fraude fiscal entendemos los impuestos y sus recargos, las tasas y precios públicos, la suficiencia y la progresividad para lograr una fiscalidad justa. Para acabar con él, reformarán la legislación tributaria. Esta tiene que ser sancionadora e inspectora para perseguir las operaciones en paraísos fiscales.

Quieren diseñar un modelo de economía que apoye a las pymes y a la economía social y operativa en una economía que no se base en el sector servicios o el turismo de bajos salario. Un programa de apoyo a nivel autonómico y municipal de las pymes y autónomos, de impulso de turismo de calidad, consolidación del pequeño comercio, las cooperativas y la economía social y que den ventajas a las empresas que propongan criterios ecológicos o de cantidad y calidad del empleo involucrado en cada contrato.

Que las CC.AA y municipios constituyan un factor importante en la creación de empleo. Para ello anularán las medidas tomadas a cabo en los años anteriores y las nuevas serán discutidas en una negociación colectiva bajo el lema “empleo precario 0 en lo público”.

Se oponen a: salarios bajos, la precariedad y la desregulación de las relaciones laborales. Para ello proponen jornadas laborales de 35 horas, recuperar la jubilación a los 65 años y trabajar para su ampliación progresiva hasta los 60, limitar las horas extras, que las personas tengan un salario mínimo de 1.100 euros y establecer un salario máximo

Izquierda Unida manifiesta que el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado a cualquier persona que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad. La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) parte de que hay muchas personas que buscan trabajo y que hay mucho trabajo por hacer. Para ello, optan por reforzar las actividades económicas y sociales como la educación pública, sanidad pública, actividades deportivas, generación de energía renovable, etc. El Estado se encargará de remunerar el trabajo directamente mediante un pago a la cuenta bancaria del participante del EG para que se eviten intermediarios en la gestión del dinero. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas transporte, permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacaciones…

Aplicando el EG buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir una alternativa de empleo estable y con derechos. Esto aumentaría la recaudación. Cuando los empresarios del sector privado necesiten contratar a nuevos trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán acogerse a un programa de EG.

Las oficinas actuales del desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, donde efectivamente conectan demandantes de empleo con oferentes.

En la propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo por su cualificación y tres tipos de remuneración:

  • 7€/h para alta cualificación, que se traduce en 1213 euros/mes
  • 6€/h para media cualificación, 1040 euros
  • 5€/h para baja cualificación, 867 euros

 

  • UPyD

Buscan una estabilidad presupuestaria y la contención del gasto. Para ello hay que implantar los Presupuestos Base Cero, junto con la introducción de auditorías funcionales, las cuales permitirán detectar gastos innecesarios y liberar recursos para realizar inversiones de alto valor añadido, tanto desde el punto de vista social, como económico y de creación de empleo. Se revisarán las ayudas y subvenciones, suprimiendo las que no respondan a una necesidad social real.

Bajar el IRPF a las rentas medias y bajas e introducir algunas modificaciones en el modelo actual que permitan obtener los ingresos necesarios para que haya equilibrio presupuestario.

Atajar el fraude y la economía sumergida, mediante una revisión profunda de todos los medios de los que dispone la Comunidad Autónoma. Para conseguirlo seguirán una triple vía: dotar de más medios a la Consejería de Hacienda en la lucha contra el fraude; que tributen también las personas titulares de los patrimonio más importantes (se sustituirá la actual bonificación al 100% sin límites por una del 50; y  se modificará el actual impuesto autonómico de Sucesiones y Donaciones, para que las grandes y millonarias herencias tributen.

  1. Financiación autonómica y local

Devolverán al Estado competencias en materia de Educación, Sanidad y Justicia para disminuir la financiación de las Comunidades Autónomas. Además, abogará por el recálculo del cupo vasco, la aportación navarra y la eliminación de los ajustes por impuestos indirectos.

Medidas de rectificación económica y Empleo

Crearán unas condiciones óptimas para que tanto las grandes empresas, como las medianas y pequeñas puedan mejorar su competitividad, al tiempo que se fomenta su responsabilidad social y una economía con valores. La administración debe prestar una atención superior a las pymes, los emprendedores y los autónomos, que son quienes generan empleo o y hacen viable el modelo económico. En este sentido, despejarán los obstáculos al crecimiento de las empresas y a la contratación de más trabajadores. Invitarán a las empresas a que exporte al exterior y abran mercados.

Impulsarán los programas de formación de empleo rural aplicando innovación y fomentando la agricultura y la ganadería ecológica, los productos de etiqueta ecológica y con denominación de origen y procedencia y la venta directa de productores a consumidores eliminando intermediarios.

Aprovecharán la riqueza forestal de determinadas zonas para conseguir energías alternativas.

Apoyará la reforma y modernización del comercio minorista, utilizando políticas fiscales, financieras, fomentando el asociacionismo y la formación, potenciando la innovación y la especialización, con especial énfasis en las áreas, ejes y centros comerciales de la comunidad y eliminando trabas, a nivel local, para la actividad comercial. Intentarán también reducir el gato de alquileres en locales comerciales.

Coordinarán esfuerzos integrados y elaborarán planes de desarrollo de paquetes turísticos entre ayuntamientos, comunidades, gobierno central, AENA y comunidades limítrofes para promocionar un turismo de calidad sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Redefinirán las políticas activas de empleo juvenil, como las Escuelas-Taller, necesarias para orientar a los jóvenes que se han apartado de la escuela como para mayores de 45 años. Talleres de Empleo, adaptándolas a las necesidades del mercado laboral. En este sentido, proponen subvencionar la contratación para incentivar los contratos indefinidos

Controlarán el alcance y funcionamiento de las actividades de formación de parados para evitar casos como el de Andalucía. Se controlarán los fondos públicos destinados a la formación de parados a través de un protocolo de control. Además, se prohibirá la subcontratación de las acciones de formación porque complica su control.

Apoyarán al I+D y a la innovación de emprendedores y pymes, para que puedan incorporar mejoras tecnológicas y de gestión que les permitan ser competitivas y rentables en mercados con mucho dinamismo. Ayudarles a crecer, hacerse sólidas y exportar e invertir en el exterior. Para ello, desarrollarán incentivos fiscales y financieros (avales, capital riesgo, etc.) y ampliarán la financiación pública de las actividades de investigación.

Contribuirán a la reducción de gases de efecto invernadero y a la limpieza de la atmósfera, al tiempo que se impulsará el empleo y la industria de energías renovables, el ahorro energético, la rehabilitación urbana y el consumo inteligente.

 

  • Los verdes

Los objetivos básicos son sustituir el modelo energético no renovable por el renovable; luchar contra la pobreza; disminuir fuertemente las emisiones y residuos; e incentivar la investigación y la ciencia, para generar tecnologías Entre sus objetivos también está crear empleos ambientales, regenerar la vida ciudadana, favoreciendo el pequeño y mediano comercio, reconvertir el modelo agrario hacia la agricultura ecológica, el acceso universal a la vivienda y una fuerte reducción del consumo de agua en los procesos económicos.

Proponen una Renta Básica a nivel europeo con un importe mínimo del 50% de la renta media disponible neta, es decir, unos 550 euros mensuales (la mitad para los menores de 16 años). Esta Renta Básica se concedería de manera individual a todas las personas residentes en la Unión por un periodo mínimo de 6 meses en forma de ingreso trimestral. Para financiarla optan por: un impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) unificado a nivel europeo como forma de tasar directamente el consumo y una tasa de Renta básica a nivel europeo.

Eliminarán el canon digital, los bonos de transporte público de los convenios laborales como retribuciones en especie y planes de explotación económica sostenible de los territorios y espacios naturales protegidos.

Impulsarán la agricultura y la ganadería ecológica en el medio rural. Para ello, apoyarán las producciones, la manipulación, transformación y el desarrollo del consumo interno de alimentos ecológicos. Además, eliminarán los cultivos y productos transgénicos y bionanotecnológicos y respetarán y protegerán los derechos de los animales y su bienestar.

En este sentido, quieren promover la Agricultura Ecológica aprobando un Plan Nacional de Reducción de Agroquímicos que permita conseguir una reducción de un 20%, promoviendo métodos naturales para el control de plagas y enfermedades, la recuperación de la fertilidad y el contenido de materia orgánica del suelo, mediante el empleo de “abonos verdes” y la gestión adecuada de estiércoles y purines.

Establecerán bonificaciones fiscales para las industrias que sustituyan los gases de efecto invernadero, aplicarán un impuesto sobre el CO2 en grandes superficies comerciales, triplicando el tipo básico por alargar las líneas de distribución y adaptarán las instalaciones hoteleras y turísticas para la incorporación de energías renovables, y de ahorro y eficiencia. También aplicarán un impuesto sobre la generación de residuos, de forma que quede exento la parte correspondiente a un total de 0,75 kg por habitante y se podrá desgravar el 50% de los residuos que se reciclen o reutilicen.

Impulsar la Economía Rural potenciando la agricultura ecológica, como mitigador del cambio climático, poniendo en marcha los pagos por servicios ambientales a productores ecológicos como medida de compensación e incentivo a una actividad medioambientalmente beneficiosa, desarrollando programas de recuperación de producciones agrarias, creando bancos de tierra que faciliten la incorporación de jóvenes con proyectos ecológicos al medio agrario y ayudándoles a ponerlos en marcha, fomentando la industria agroalimentaria artesanal, potenciando el consumo de alimentos ecológicos en comedores institucionales y prohibiendo el uso de transgénicos.

Yasmina Pena