Anticorrupción, en el escrito de calificación presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional, acusa a Pagés de haber cometido un delito continuado de administración desleal con afectación de los intereses generales, y a Troyano, Abella y Caellas de ser cooperadores necesarios. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide que se inhabilite a los cuatro acusados para el ejercicio de cargos directivos en el sector bancario.

El escrito también solicita a la Audiencia Nacional que condene a Pagés a indemnizar a Caixa Penedès 10.733.149 euros. Abella, por su parte, deberá devolver 1.893.070 euros. Anticorrupción pide asimismo que se declare la nulidad de las pólizas subscritas por los acusados con Axa y Zurich seguros. Troyano y Caellas no llegaron a percibir dinero alguno porque no alcanzaron los 60 años de edad.

La Fiscalía pide también que se considere partícipes a título lucrativo a los herederos legales de Jaume Jorba, un quinto directivo de Caixa Penedès que obtuvo 2,5 millones de euros con las pólizas. Los herederos deberán restituir esta cantidad a la entidad bancaria.

PENSIONES MILLONARIAS

La Fiscalía explica en su escrito que Pagés se puso de acuerdo con Troyano, Abellas y Caellas, quienes formaban su círculo de colaboradores, para diseñar una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad.

A partir del año 2001 y en ejercicios sucesivos, se auto concedieron derechos económicos no contemplados en sus contratos de trabajo. A partir del año 2010 y en el contexto de reestructuración del sector financiero español con el que Caixa Penedès se integró con otras cajas para formar el grupo BMN y recibió apoyo financiero público, Pagés, Troyano, Abella y Caellas realizaron actuaciones para blindar los derechos contenidos en las respectivas pólizas y que se hicieran efectivos poco tiempo después.

"Resulta patente a estas alturas que a los acusados poco o nada les importó la situación económica de la entidad, las recomendaciones europeas y los límites derivados del proceso de integración en curso, el cual había requerido apoyo financiero público a través del FROB", relata Anticorrupción.

El instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pidió el pasado mes de marzo que se presentasen los escritos de acusación contra los imputados. "Se han practicado las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él han participado", señaló Pedraz en su resolución.

Anticorrupción calcula que los exdirectivos se llevaron 31,6 millones de euros con sus pólizas. La Fiscalía pide la apertura de juicio oral contra los cuatro imputados.