Mariano Rajoy reconoce que con las medidas adoptadas ayer está haciendo toda una enmienda a la totalidad de su programa de Gobierno. Hay que adaptarse a las circunstancias, dice el Presidente, en un gesto idéntico al de Zapatero cuando, en 2010, tuvo que cambiar su política forzado por Bruselas. Tenemos encima de la mesa el temido ajuste de 65.000 millones de euros, que se resume en estos puntos: más IVA, menos salario para funcionarios, reducción del subsidio por desempleo y un ligero ajuste de la Administración Pública.

Duras medidas para la clase media que pagará el 70% del coste total del nuevo recorte. Necesario, desde luego, a tenor de los datos: la deuda exterior española supone el 165% del PIB en términos brutos, algo insostenible en el tiempo. Máxime si nos tienen que dejar hasta para pagar las pensiones, tal como decía ayer el Presidente. El problema es que este recorte todavía no despeja los problemas esenciales. El primero de ellos: saber si los mercados se lo toman en serio, los ven creíble, y empiezan a dejarnos dinero a tipos de interés razonable.

El segundo está en saber qué sucederá con las Comunidades Autónomas. ¿También se van a ajustar el cinturón? Esperemos que hoy tengamos la respuesta en el Consejo de Política Fiscal y  Financiera. Pero ya no sólo es esto. Cargamos las tintas contra la clase media, pero nos olvidamos de ajustar realmente la Administración Pública que, en contra de lo que dice el gobierno, todavía tiene mucho margen de adelgazar. Eso por no mencionar que, en 7 meses de legislatura, todavía no hemos visto ni una sola medida dinamizadora de la economía. Bueno sí, el Plan de Pago a Proveedores, pero no es suficiente.