La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha pedido homogeneizar las normativas europeas contra la morosidad para preservar la libre competencia de las empresas españolas frente a sus competidoras europeas.

España está entre los países con mayor demora en los pagos con un 56% de estos atendidos fuera de plazo, mientras que Francia (58%), Bélgica (56%) e Italia (62%) han registrado cifras similares lejos de países como Alemania (35%), Países Bajos y Polonia (en torno al 25%) o Dinamarca (10%), según datos de la ‘Encuesta de Pagos D&B 2022’.

Un informe de la Comisión Europea ha subrayado la voluntad de mantener la relación comercial y no deteriorar futuras transacciones, junto con las características específicas de cada sector, como las razones por las que las empresas en España aceptan demoras en los pagos.

Cepyme ha querido recordar estas cifras tras la votación en contra del establecimiento de un plazo máximo obligatorio de 30 días para el pago de las facturas, que fue denegada por 24 Estados miembros en el Consejo de Competitividad de la UE.

El 21 de marzo el Comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo deberá votar el Reglamento europeo de morosidad, con lo que Cepyme ha pedido homogeneizar las normas contra la morosidad en el ámbito europeo, valorando el tamaño y «la realidad» de la empresa.

Por otro lado, Cepyme ve como «insuficiente» la regulación de la morosidad comercial, que experimenta periodos medios de pagos que superan los 80 días, 20 días por encima de lo establecido por la Ley de morosidad de 2004 y la Directiva Europea de Morosidad de 2011.

Más aún, Cepyme ha definido las medidas sancionadoras de la Ley de Creación y Crecimiento como ineficaces y que penalizan «de manera especial» a las pymes, limitando su capacidad para acceder a ayudas o contrataciones públicas.