Pese a lo «eficiente» del sistema, la desviación de los Fondos de la Seguridad Social podría superar a la de 2015
Salir del estado agónico con el que han cerrado las cuentas de la Seguridad Social es cosa de ciencia ficción. Al menos si atendemos al surrealismo del 6,7 por ciento de previsión de ingresos por cotizaciones sociales que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016.
Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para que el subsistema que se encuentra bajo la batuta de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, cumpla con el objetivo del -0,3 por ciento de déficit pactado para este año, las cotizaciones sociales deberían crecer «por encima del 15 por ciento». Algo que ni en las mejores películas de Spielberg, si tenemos en cuenta que este año sólo se han recaudado 100.492,92 millones de euros, es decir, 9.340,38 millones de lo inicialmente previsto (109.833,30).
La máxima Autoridad Fiscal cuestiona, incluso, que se alcancen los 117.242,58 millones previstos en los PGE. Aunque las expectativas son de que las entradas netas crezcan en torno al 3 por ciento -la mitad del 6,75 por ciento presupuestado- «como mucho alcanzarán los 110.000 euros», engordando, por tanto, el agujero del sistema con un negativo de más de -7.000 millones.
Un suma y sigue que se añade al lastre deficitario del -1,26 por ciento (-0,66 décimas por encima del objetivo del -0,6) que ha teñido de rojo las cuentas del pasado ejercicio y que por ende se extenderá hasta el mes de diciembre del presente, en el que «hay certidumbre» de incumplimiento. De hecho las previsiones del organismo independiente dan por sentado «una desviación sensiblemente superior incluso a la que ya se registró en 2015».
Los picos por debajo de la línea de flote serán la tónica «hasta 2020, fecha hasta la que el déficit no bajará del -1 por ciento». Sin embargo, fuentes próximas a la AIReF aclaran que la crítica situación de caja en el sistema de Seguridad Social «no se debe a que éste no sea eficiente en términos de recaudación». En este sentido destacan que «las exoneraciones -entendiendo por tal bonificaciones- tienen un efecto transitorio».
Además del incremento «natural» del gasto en pensiones cuya causa se encuentra en el envejecimiento de la población y de que cada vez las cuantías son más elevadas por la mayor cualificación y vida del empleo «la baja inflación estaría afectando directamente al crecimiento de los ingresos en la Seguridad Social».
Por otra parte, la caída de los ingresos financieros procedentes de la inversión del Fondo de Reserva en deuda pública sería otro de los «efectos importantes» en que las cuentas se alejen más del color negro que marca el positivo. De hecho pese a que los rendimientos netos obtenidos el pasado año fueron de más de 1.000 millones de euros más, según se extrae del Informe de Evolución del Fondo de Reserva, los más de 34.000 euros de merma -sin contar las Mutuas- en la hucha «reducirán la cuantía de ingresos en los próximos años».
Recomendaciones
Tal y como confirmó ayer en rueda de prensa el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, esta 
circunstancia se habría notificado «por carta» tanto a Fátima Bañez como al titular de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro.
Desde lo constructivo del reglamento, la máxima Autoridad Fiscal habría propuesto una serie de recomendaciones que pasan por la convocatoria «urgente y necesaria» del Pacto de Toledo con el objetivo de avanzar en medidas que «aseguren de forma más permanente la financiación de estos déficit», tal y como se recoge en la Disposición Adicional 85 de los PGE de 2016.
Lastre para el resto
Por otra parte, las desviaciones de la Seguridad Social, supondrán la letra escarlata del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, que según explicaba Cristina Herrero, Directora de la División de Análisis Presupuestario, del organismo independiente se fijará este año «en torno al 4 por ciento».
Así, mientras que la Administración Central se mantendrá en la línea de cumplimiento del objetivo del -2,2 por ciento, e incluso podría mejorarlo en dos décimas, las Comunidades Autónomas cerrarán el año con un déficit de entre el -0,8 y el 1 por ciento. Siempre y cuando no se cumpla a rajatabla la regla de gasto, que impide que las autonomías gasten por encima del 1,8 por ciento de crecimiento de PIB potencial. En tal caso sí sería posible «aplicada estrictamente pueden llegar a cumplir el objetivo del -0,3 por ciento», explicó Herrero.
Las que continuarán arrojando buenas noticias, pero con menor intensidad, tal y como ya ocurrió en el pasado ejercicio, serán las entidades locales, para las que la AIReF prevé un «cumplimiento holgado, aunque inferior al -0,4 por ciento de 2015».
